El Poder Judicial presentó su proyecto de Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2025, elaborado en función de las necesidades prioritarias del organismo y en línea con el Plan Estratégico del Poder Judicial 2025-2034. La propuesta procura asegurar la continuidad y mejora del servicio de justicia, con especial énfasis en la protección de personas en situación de vulnerabilidad, el acceso efectivo a la justicia y el fortalecimiento de las sedes judiciales especializadas.

El proyecto parte de una premisa central y es que una justicia oportuna, cercana y eficaz requiere recursos adecuados. El Poder Judicial cumple una función esencial para la vigencia del Estado de Derecho, la tutela de los derechos de las personas y la seguridad jurídica del país, utilizando apenas el 0,32% del Producto Interno Bruto y el 1,09% del crédito asignado al Gobierno Central. Pese a las restricciones presupuestales, durante 2025 se alcanzaron altos niveles de ejecución en funcionamiento, inversiones y servicios personales, lo que evidencia una administración responsable y eficiente de los recursos disponibles.

Uno de los ejes principales de la iniciativa es el fortalecimiento de la respuesta judicial frente a la violencia basada en género. En este sentido, el proyecto prevé nuevas partidas para avanzar en la creación de juzgados especializados en Montevideo y en el interior del país, con cargos de magistrados, defensores públicos, actuarios, psicólogos, trabajadores sociales, médicos psiquiatras, médicos forenses y funcionarios administrativos. La propuesta busca dar cumplimiento efectivo a la Ley Nº 19.580 y brindar respuestas más rápidas, técnicas y sensibles a mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

El diagnóstico incluido en el proyecto evidencia un crecimiento sostenido de la demanda. En 2025, varios departamentos superaron las mil causas anuales en materia de familia especializada, destacándose Canelones, con 6.375 asuntos; San José, con 2.337; Colonia, con 2.133; Paysandú, con 1.569; Durazno, con 1.409; Tacuarembó, con 1.386; Rocha, con 1.277; y Cerro Largo, con 1.010. Asimismo, entre 2023 y 2025, las audiencias celebradas en juzgados del interior con competencia en género, niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad y familia especializada aumentaron un 70%, lo que refleja la presión creciente sobre las sedes existentes.

La propuesta también contempla la creación de dos nuevos Tribunales de Apelaciones de Familia. Esta medida procura dar respuesta al aumento de trabajo en una materia especialmente sensible, vinculada a alimentos, tenencia, visitas, cuidados, medidas de protección y otras cuestiones que impactan directamente en la vida cotidiana de las personas y las familias.

En materia laboral, el proyecto plantea la creación de un nuevo Tribunal de Apelaciones de Trabajo, atendiendo al crecimiento de los asuntos iniciados, la complejidad de los procesos y la necesidad de brindar respuestas de segunda instancia en plazos adecuados, sin sacrificar la calidad técnica de las decisiones judiciales.

Otro aspecto destacado es la creación de dos Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior de Ejecución y Vigilancia. La ejecución de la pena forma parte esencial del servicio de justicia, pues permite controlar el cumplimiento de las decisiones judiciales, proteger derechos fundamentales y asegurar una respuesta institucional adecuada en el territorio. Esta creación resulta especialmente relevante ante el aumento de asuntos en etapa de ejecución en algunas sedes del interior del país.

El proyecto incorpora, además, reformas procesales orientadas a facilitar la vida de las personas y remover barreras de acceso. Entre ellas, se propone fortalecer el uso de videoconferencias y otros medios técnicos para la realización de actos orales cuando ello sea necesario para superar obstáculos geográficos, económicos o de movilidad, garantizando siempre el debido proceso, el derecho de defensa y la inmediación judicial.

En materia de violencia basada en género, se propone que los Juzgados de Paz del interior convoquen audiencia dentro del plazo de 24 horas desde recibida la noticia, incluso cuando ya se hubieran adoptado medidas de protección. Esta modificación procura asegurar el contacto directo de la víctima con el juez, una mejor valoración del riesgo y una respuesta más humana, cercana y comprensible.

También se plantea modificar el régimen de incautación de armas en casos de violencia basada en género. La propuesta dispone que las armas incautadas sean remitidas al Servicio de Material y Armamento, evitando que permanezcan en sedes judiciales que no cuentan con condiciones adecuadas para su custodia. Asimismo, se establece que la prohibición de uso, tenencia o porte de armas de fuego no podrá ser inferior a 180 días.

Otra reforma relevante apunta a reducir cargas burocráticas innecesarias en procesos de tutela. Cuando los ingresos de la persona sometida a tutela sean inferiores a seis Bases de Prestaciones y Contribuciones mensuales, la rendición de cuentas podrá sustituirse por una declaración jurada de ingresos y egresos o por un informe social. La finalidad es centrar el control judicial en las condiciones reales de vida, cuidado y protección de la persona tutelada, evitando exigencias formales desproporcionadas para familias en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, el proyecto incluye ajustes en el proceso laboral de segunda instancia, con el objetivo de ordenar los plazos de estudio, acuerdo y dictado de sentencia, conciliando la celeridad propia de la materia laboral con la profundidad y calidad que exige la decisión judicial.

Con esta Rendición de Cuentas, el Poder Judicial reafirma su compromiso con una justicia más cercana, accesible y eficiente; una justicia que proteja derechos, atienda especialmente a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y brinde respuestas oportunas a la ciudadanía en todo el territorio nacional.