Por ley de fecha 6 de octubre de 1826, dictada por la Honorable Sala de Representantes de la Provincia Oriental y promulgada el 17 de octubre del mismo año, se dispuso la supresión de los Cabildos y se establecieron las bases orgánicas de la Administración de Justicia, sustituyendo la jurisdicción de los Alcaldes Ordinarios por Jueces Letrados de primera instancia, previendo asimismo la creación de jueces de paz y de un tribunal de apelación como órgano superior.
Esta normativa instituyó un sistema judicial escalonado, que constituye el antecedente directo de la actual organización jurisdiccional de la República, configurando una verdadera ley orgánica primigenia de la judicatura nacional.
El proceso de institucionalización de la justicia precede incluso a la Constitución de 1830, lo que pone de manifiesto que la organización de un sistema judicial sólido fue una preocupación fundacional en los albores del Estado oriental.
La ley de fecha 6 de octubre de 1826 contempló, asimismo, la designación de un letrado encargado de la defensa de los pobres y menores. Tal circunstancia refleja una concepción histórica avanzada de la justicia como servicio público integral y que, desde su origen, la Administración de Justicia fue concebida en forma total, incluyendo no solo la función jurisdiccional, sino también la garantía de defensa y la tutela de los sectores más vulnerables, orientado a remover obstáculos económicos, sociales y culturales que impiden el ejercicio efectivo de los derechos.
La iniciativa de promover esta declaración corresponde al Ministro de Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno, Dr. Edgardo Ettlin Guazzo, quien ha desarrollado un minucioso análisis historiográfico que ha permitido precisar el alcance y significado de la ley de 6 de octubre de 1826. La Suprema Corte de Justicia reconoció y agradeció expresamente el valioso aporte del Dr. Ettlin para la fundamentación de esta hito histórico.