También asistieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia, Dr. John Pérez Brignani, Dr. Julio Posada y Dr. Álvaro França, además de la Subsecretaria del Ministerio del Interior, Cra. Gabriela Valverde, entre otras autoridades invitadas.
El primer acuerdo permitirá fortalecer y agilizar los procesos de remate de vehículos decomisados e incautados en causas vinculadas al narcotráfico y al lavado de activos, consolidando una herramienta clave para debilitar las estructuras económicas del crimen organizado. Se establecerá un mecanismo permanente de coordinación entre ambas instituciones para organizar los remates, definir las responsabilidades operativas de cada organismo y garantizar los mayores niveles de eficiencia, transparencia y seguridad jurídica.
En ese marco, la Junta Nacional de Drogas, a través del Fondo de Bienes Decomisados, identificará los vehículos disponibles para remate y dispondrá de la logística necesaria para su custodia, traslado y exhibición. Por su parte, el Poder Judicial gestionará las autorizaciones judiciales cuando corresponda, realizará las tasaciones, organizará las subastas públicas y administrará el procedimiento hasta la entrega de los bienes a sus adjudicatarios.
La iniciativa representa un paso importante para optimizar la administración de bienes provenientes del delito, evitando su deterioro con el paso del tiempo y permitiendo que esos activos recuperen valor mediante procedimientos ágiles y transparentes.
Los recursos obtenidos de los bienes decomisados continuarán integrando el Fondo de Bienes Decomisados de la Junta Nacional de Drogas, desde donde son destinados al financiamiento de políticas públicas de prevención, tratamiento y combate al narcotráfico, de acuerdo con la normativa vigente. En el caso de bienes que aún se encuentren únicamente incautados, los fondos permanecerán bajo administración judicial hasta la resolución definitiva de cada causa.
El primer convenio reafirma el compromiso del Estado de actuar de manera coordinada para atacar no solo las organizaciones criminales, sino también su capacidad económica. Privar al narcotráfico de los bienes obtenidos mediante actividades ilícitas constituye una de las herramientas más eficaces para debilitar su funcionamiento y fortalecer la respuesta institucional frente al crimen organizado.
Por otra parte, el segundo convenio refiere al monitoreo de la situación del mercado del cannabis respecto a la potencia de THC y CBD, la caracterización de drogas sintéticas y cocaína incautadas, así como el monitoreo de casos de muestras biológicas con relevancia toxicológica. Frente a una dinámica de cambio constante de la oferta de drogas y un rápido crecimiento de las drogas de síntesis, se requiere identificar la composición química de las sustancias y adulterantes utilizados para mejorar la respuesta del sistema de salud y los mecanismos de regulación y control de la oferta de drogas.
Haciendo uso de la palabra al cierre de la ceremonia, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia destacó la importancia de lo convenido y entendió necesario "recordar las bases mismas en que se asienta el Poder Judicial, es decir, su independencia".
"Así como la independencia judicial tiene la fortaleza de ser la última palabra en las decisiones sobre los derechos de las personas, tiene la fragilidad de sostener esa fortaleza en la simple concesión de esa potestad de juzgar, lo que hace que la propia fortaleza penda de la legitimidad de lo que se decide, legitimidad que solo proviene del apego a la ley y a la Constitución" señaló Morales.
Y más adelante añadió que "corriendo tiempos de rendición de cuentas, también es un buen momento para recordar que nuestras necesidades presupuestarias para cumplir con la función constitucionalmente otorgada, han sido reflejadas en el proyecto que hemos presentado, por lo que confiamos que los demás poderes del Estado estén a la altura de lo que la Constitución exige de ellos para advertirlo".