No se comprende la importancia del Poder Judicial para el desarrollo del país, dijo el Presidente de la SCJ
Búsqueda, por Nicolás Delgado y Macarena Saavedra
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez Brignani, siente una “resignación parcial” por no lograr más presupuesto para el Poder Judicial. Reclaman “presupuestos medidos” para cubrir las “necesidades mínimas” y han hecho una “buena defensa” de su solicitud frente a los legisladores, pero no consiguen ni una moneda más.
“Por lo menos reconocieron que nunca nos daban nada. Igual no nos dieron nada”, dice tras su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado. El Poder Judicial recibe un 2,3% menos de recursos que el Parlamento, pese a tener más sedes y funcionarios en todo el país. “No se comprende que el Poder Judicial tiene una importancia enorme dentro del desarrollo”, sostiene. Ve “incongruencia” en que el Estado utilice a la Justicia para dar garantías de solvencia ante organismos internacionales, pero no la priorice al aprobar fondos.
“Asignan a otras áreas que la gente hace más presión”, como la educación y la salud. Reconoce que “parte” de la explicación puede estar en dificultades del Poder Judicial para comunicar sus necesidades, a pesar de que es “la última barrera contra los abusos de cualquier tipo de poder”.
Pérez Brignani cuestiona parte del proyecto de ley para darle independencia a la Defensoría Pública y adelanta que la Corte no admitirá que le impongan la lista de designaciones de defensores: “Si sale la ley así, hacemos una acción de inconstitucionalidad”, anuncia.
Lo que sigue es un resumen de la entrevista que mantuvo con Búsqueda.
—¿Qué balance hace del reclamo presupuestal en el Senado?
—Por lo menos reconocieron que nunca nos daban nada. Igual no nos dieron nada.
—Dijeron que iban a intentar hacer algún esfuerzo y lograr alguna reasignación.
—No creo que sea muy viable, pero por lo menos nosotros decimos nuestra defensa. No se comprende que el Poder Judicial tiene una importancia enorme dentro del desarrollo. No es un problema de un partido político. Es un problema de ingeniería constitucional: nos metieron en el mismo artículo que los entes autónomos y los servicios descentralizados siendo un poder del Estado. Nos dan 2,3% menos que el Parlamento, pero ellos tienen 1.100 funcionarios y dos sedes y nosotros, 308 sedes y 4.981 funcionarios. Es un problema visceral: no entienden lo que es el Poder Judicial y la importancia que tiene. Sin embargo, se utiliza para pedir préstamos, para dar la solvencia técnica para que vengan inversores. Pero cuando hay que dar recursos, no se dan. Es una incongruencia.
—Su comparación con el Parlamento es recurrente, también por cargos.
—Un administrativo (del Parlamento) gana más que un técnico informático y un psiquiatra en el Poder Judicial. Vacantes de psiquiatras tenemos montones; pagamos $ 130.000.
—Graciela Bianchi dijo que el bajo perfil de la Corte al manifestar lo que hace ha incidido en el Presupuesto que se le asigna. ¿Tiene razón?
—Puede ser un bajo perfil, porque durante muchos años la Corte no hablaba con la prensa, hacía su trabajo silencioso. Y lo sigue haciendo. Pero este año, más o menos, y el año pasado, hemos empezado a mostrarlo. Se hacen muchas cosas acá: pasan 1.660.000 personas por año por el Poder Judicial, casi la mitad de la población. A eso le asignan el 0,3 del PBI. Le asignan más a un ministerio que a nosotros.
—¿Tiene que ver con el perfil?
—No, tiene que ver con que no estamos en la agenda pública.
—Andrés Ojeda planteó que en los titulares de los medios aparecía la Fiscalía muchas veces y quizás por eso se entendió que tenía que dársele prioridad en la reasignación, y el Poder Judicial aparece bastante menos.
—Sí, Ojeda planteó que era una dificultad de comunicación. Eso puede ser una parte, pero no toda. Ellos saben bien todo lo que hace el Poder Judicial: trasvasa todos los niveles de la sociedad.
—Si entienden perfectamente lo que hacen y no se les asigna más, ¿cuál es la cuestión de fondo?
—Es que asignan a otras áreas en las que la gente hace más presión de estar en la agenda pública: educación, salud. Con esas áreas, salimos perdiendo, porque esa gente está en los programas de los gobiernos. Nosotros jamás figuramos en ningún programa de gobierno. Y generalmente, cuando uno va al Poder Judicial, nunca va a quedar contento. Va por necesidad.
—¿Es así porque la Justicia uruguaya está mejor que la de la región en los índices internacionales? ¿No es prioridad porque funciona igual?
—Es un razonamiento un poco, digamos... malo, porque usted tiene que poner los recursos. Hay un derecho fundamental de todos los ciudadanos, que es la buena administración. Si usted administra bien, tendrían que priorizar esas áreas, no castigarlas. Nunca nos dan los recursos que necesitamos. Aparte, nosotros hacemos los presupuestos medidos, con las necesidades mínimas, teniendo en cuenta lo mínimo que precisamos para ampliar y mejorar un poco los servicios. En materia de violencia de género, de los 24 juzgados (que pedimos), nos dieron uno para el 2027. Del problema de género están todos los días hablando, la violencia, que esto y lo otro. Hay una obligación legal y tratados internacionales de poner recursos ahí, y, sin embargo, cero.
—¿La solución pasa por presionar?
—La educación y la salud presionan porque a la gente le interesa más.
—¿Por dónde pasa la solución?
—No sé. Es un problema que también se da a nivel mundial.
No se comprende que el Poder Judicial tiene una importancia enorme dentro del desarrollo. No es un problema de un partido político. Es un problema de ingeniería constitucional: nos metieron en el mismo artículo que los entes autónomos y los servicios descentralizados siendo un poder del Estado. Nos dan 2,3% menos que el Parlamento, pero ellos tienen 1.100 funcionarios y dos sedes y nosotros, 308 sedes y 4.981 funcionarios.
—¿Cómo evalúa el nivel de independencia del Poder Judicial frente a otros poderes? ¿La dependencia del presupuesto que se le asigna afecta su autonomía?
—Independencia técnica tenemos siempre. La independencia económica limita un poco los esfuerzos que podemos hacer para llegar a determinadas áreas.
—Plantearon en un documento que “no hay justicia sin independencia y no hay independencia sin presupuesto y no hay bienestar colectivo sin justicia”. Ahí se liga la independencia con el presupuesto.
—Y después yo también lo planteé, porque hablan de justicia social, pero sin justicia no hay nada. Están hablando de fortalecer la Defensoría y la Fiscalía, y todo esto es un sistema, porque los tres son importantes, pero lo más importante es el Poder Judicial, porque es el que en definitiva tiene la última decisión. Es la última barrera contra los abusos de cualquier tipo de poder.
—¿Cree que sería necesario hacer algún cambio estructural en la asignación de los recursos, mayor autonomía financiera?
—Debería. Pero la autonomía financiera solamente se planteó una vez acá por parte de la asociación de funcionarios y se perdió por muy pocos votos (en el plebiscito en 1999). Después no se planteó más. Deberíamos tender a la autonomía financiera. O por lo menos equiparar.
—¿Se podría replantear un plebiscito?
—Se podría plantear.
—¿Está en su agenda para lo que le queda de gestión?
—No.
—Se quejaba de la ingeniería constitucional. ¿Cuál es la solución: una reforma constitucional?
—Lo ideal sería una reforma constitucional. Por ejemplo, el Poder Legislativo hace su presupuesto, se lo vota y está. El Ejecutivo hace el presupuesto y controla todos los presupuestos de los demás. Nosotros elaboramos el presupuesto y lo elevamos al Ejecutivo, que dice “esto sí, esto no”. Igual elevamos el presupuesto al Palacio Legislativo. ¿Pero cuál va a agarrar? El del Ejecutivo; nunca el nuestro. Por la ingeniería constitucional, lo pusieron en el mismo artículo que los entes autónomos y los servicios descentralizados, como si fuéramos Ancap o UTE. No somos ni Ancap ni UTE ni ANEP.
—¿Se imagina este asunto entrando en agenda?
—No.
—¿Porque no hay apoyo político?
—El apoyo de la gente no creo que lo consigamos. No se dan cuenta de la importancia del Poder Judicial. Aparte, nos confunden muchas veces con la Fiscalía.
—Días atrás la Asociación de Magistrados del Uruguay se declaró en conflicto porque “los recursos no cubren las necesidades mínimas para sostener el servicio con estándares adecuados”. ¿Coincide con ese diagnóstico?
—Coincido. Totalmente. Aparte, ellos están apoyando también la forma en que estamos llevando adelante la defensa del presupuesto. Ellos dictaron hace 15 años una ley que subía el aumento (salarial 26%). No estamos pidiendo un aumento. Estamos pidiendo que se pague lo que dice la ley. Pero... ni eso. Queda pagar 6%. No lo cobra nadie, salvo los que tuvieron juicio, que son 18 defensores y dentro de ellos está la presidenta de la asociación de defensores.
—Ahí hay algo injusto, porque solo cobra el que hace el reclamo.
—Nosotros no podemos hacer el reclamo, porque qué juez va a fallar en contra de nosotros. Estamos atados. ¿Quién va a agarrar el caso mío? Ninguno. Son pares y subordinados míos. Habría que pagar ese 6% que corresponde, que en todos los presupuestos se ha ido pidiendo. Arreglaron el salario de fiscales, me parece bien. Le subieron el salario a los militares. Si ven ASSE, le subieron el salario a todos los médicos. Nuestro crédito es inferior a todo lo que se ha subido. Seguimos postergados.
—¿Es injusto aumentar el presupuesto a Fiscalía y no al Poder Judicial?
—No puedo catalogar de injusto. Me parece que si se sube el presupuesto a uno, hay que subirlo al otro. Es un sistema que funciona con tres patas.
—¿Ha tenido algún encuentro con Yamandú Orsi para plantearle estos temas?
—No.
—¿Evaluó pedírselo?
—No. Supuestamente es consciente de todo lo que tenemos. Tengo una buena relación con Orsi, de hablar, saludarnos; digamos, social. Pero tampoco vamos a pedirle audiencia. No creo que corresponda.
—¿Se siente resignado por el presupuesto?
—Hemos formado un buen equipo. Vemos que es hablar y no aparece nada, a pesar de que hemos hecho una buena defensa del presupuesto. El Poder Judicial no es prioridad. La resignación es parcial. Nunca me resigno y siempre sigo luchando.
—Un artículo del proyecto de ley sobre Defensoría Pública (aprobado por el Senado) establece que los defensores siguen siendo nombrados por la Corte, pero a partir de un orden de prelación elaborado por la Defensa Pública. ¿Podría ser inconstitucional?
—Nosotros no vamos a admitir que el Poder Ejecutivo nos dé una lista de la gente que tenemos que designar.
—¿Y cómo hacen para no admitirlo?
—Hacemos una acción de inconstitucionalidad.
—¿Van a presentar la inconstitucionalidad?
—Si sale la ley así, sí, porque un poder de Estado no le puede decir al otro: “Tomá, esta es la lista que yo te voy a designar a vos”. Yo no sé cómo los seleccionaron, si tienen las capacidades suficientes, y me están diciendo “firma acá”. La responsabilidad es mía.
—¿Para lograr la independencia de la Defensoría, la única opción sería modificar la Constitución?
—No voy a entrar en esos aspectos, pero esa parte no vale. Lo mismo el artículo (que dice) que nos van a sacar los bienes y no darnos ni un solo peso.
—¿Está en contra de la independencia de la Defensoría?
—Personalmente, no.
—¿Hay otros ministros que sí?
—No, no lo hemos hablado. No sé la posición de esos ministros.
—¿Cómo podría ser una Defensoría autónoma si no elige a los defensores?
—Eso tiene que resolverlo el Parlamento. Los defensores tienen que seguir siendo nombrados por la Corte. Eso lo tienen claro.
—¿Eso no le quitaría autonomía?
—Es un problema. Se crea un organismo que tiene dos jefes internos: está sometido al Poder Ejecutivo y al Judicial. No sé cómo van a conciliar eso, pero es un problema del Parlamento. Como yo no quiero que se metan en las sentencias, no me meto en los asuntos de los demás.
—¿El Legislativo está arrinconando al Judicial? Le quitaría bienes y potestades.
—No sé si arrinconando. Son cosas que no corresponden. El artículo 32 de la Constitución es claro. Usted saca un bien, tiene que pagar la justa compensación. En bienes inmuebles (que le sacarían) son US$ 5 millones que hemos invertido a lo largo de los años, sacando recursos de acá y de allá. Son locales buenos para un mejor servicio de la Defensoría. No se los puede llevar de un plumazo y sin pagar un peso. Después hay otros problemas: oficinas que son compartidas. Tampoco vamos a estar pagando los gastos de esas oficinas. No estamos para mantener otro organismo con los pocos recursos que tenemos.
Hay un derecho fundamental de todos los ciudadanos, que es la buena administración. Si usted administra bien, tendrían que priorizar esas áreas, no castigarlas. Nunca nos dan los recursos que necesitamos. Aparte, nosotros hacemos los presupuestos medidos, con las necesidades mínimas, teniendo en cuenta lo mínimo que precisamos para ampliar y mejorar un poco los servicios. En materia de violencia de género, de los 24 juzgados (que pedimos), nos dieron uno para el 2027.
—La Asociación de Defensores Públicos (Adepu) planteó en el Senado que no dan abasto y por eso reclamaron que se creen más cargos de titulares y suplentes. ¿No dan abasto?
—Es relativo. Si usted mira los números que ellos mismos propusieron, dice que atienden 233.000 personas por año. Si lo dividimos por 240 días, da en promedio tres personas por día (por defensor). Y no sabemos si son las mismas personas que vienen varias veces.
—La atención de los defensores no es únicamente recibir personas. En algunas materias tienen que hacer una contrainvestigación.
—Eso de la contrainvestigación, no sé. Y no en todas las materias. En audiencias, es 1,65 (la cantidad que tienen en promedio por día). Trabajan de cuatro a cinco horas por día (según registros biométricos).
—Ellos dicen que trabajan en sus casas.
—Sí, dicen que desgraban las audiencias. ¿Saben cuánto es el porcentaje de audiencias? El 1,65% de todos los juicios penales. Hay 10 procesos orales por año en los juzgados; lo demás son acuerdos abreviados. Así que no sé, la grabación todos los días…
—No está de acuerdo con que no dan abasto.
—En algunas materias pueden estar más sobrecargados. Porque aparte de esos defensores, nosotros les ponemos colaboradores, lo que sale de recursos del Poder Judicial, y ahí subimos la cifra a 350 en vez de 317. Y ahí bajamos (el promedio de atención) a 2,77 (personas por día),1,49 (audiencias) y 1,09 en los escritos presentados. Defensores suplentes sí pedimos y también defensores (titulares), para prestar un mejor servicio. Pero tampoco… También quieren ganar como los fiscales y los fiscales ganan lo mismo que los ministros del Tribunal. Ahí me desbalancearía todo. Y la partida de vivienda famosa que están reclamando no es tal. La partida de vivienda se les paga a los jueces solamente cuando no se les da vivienda. Porque lo dice la ley, no porque se nos ocurrió a nosotros pagarles a unos sí, a otros no. A los defensores jamás se les da vivienda en el Poder Judicial. Pero a los jueces sí se les da. Hay lugares que tienen vivienda. Si ocupa la vivienda del Poder Judicial, no cobran la partida.
—Su argumento es que están equiparadas las retribuciones.
—No. Eso es relativo. Aparte también hablan de dedicación, de compromiso. La dedicación de los jueces es muy superior, tienen mucho más casos que lo que puede tener una Defensoría.
—Tampoco tanto, si más del 90% de los casos penales los atienden defensores públicos.
—No sé si la cifra es tan exacta, pero bueno. Igual, la defensa es una cosa y el juzgamiento es otra. Y más del 90% son acuerdos abreviados.
—En la ratificación del acuerdo abreviado de los jueces, si se comparan los escritos, son similares.
—Pero hay materias y materias. No vamos a comparar la labor de un juez que tiene, de repente, 700 expedientes, con la problemática que tiene que fallar sobre la vida y los bienes de la persona, con la del defensor, que está defendiendo. Yo no niego que tengan compromiso. Hacen un escrito, pero el que lo resuelve es otro.