Poder Judicial presenta su Presupuesto 2025-2029
El Poder Judicial presentó al Poder Ejecutivo su proyecto de Presupuesto Quinquenal 2025-2029, una propuesta que reafirma su compromiso con el Estado de Derecho, la tutela de los derechos fundamentales y el acceso real y universal a la justicia.
“No hay justicia sin independencia, no hay independencia sin presupuesto y no hay bienestar colectivo sin justicia”, advierte el documento, que subraya una situación de estancamiento presupuestal de más de tres décadas. Actualmente, el Poder Judicial funciona con apenas el 0,32% del PIB, lo que representa el 1,09% del crédito asignado a todo el Gobierno Central.
Es decir, cada $100 que el Estado destina al Presupuesto Nacional, solo $1 es destinado al Poder Judicial.
Justicia, desarrollo e inversión
El mensaje central es claro: invertir en justicia es invertir en desarrollo. La evidencia nacional e internacional respalda esta afirmación. De acuerdo con un estudio del Banco Mundial (2021), los sistemas judiciales sólidos generan crecimiento económico, fortalecen los mercados crediticios, reducen la violencia y mejoran la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Del mismo modo, investigaciones académicas muestran que cuando la justicia es eficiente, se estimula el espíritu emprendedor y se crean mejores condiciones para la inversión.
Un sistema judicial sólido y confiable no solo garantiza derechos, sino que también genera certeza jurídica, atrae inversiones, impulsa el empleo y fortalece la cohesión social.
De hecho, la certeza jurídica que ofrece Uruguay es reconocida como un factor decisivo en la llegada de inversión extranjera y en la estabilidad del país. El Rule of Law Index del World Justice Project (2024) ubica a Uruguay como líder regional en justicia civil y entre los primeros lugares en justicia penal.
Una respuesta a la demanda social
El proyecto contempla medidas concretas para responder a los principales desafíos sociales y judiciales:
- La creación de 24 juzgados especializados en violencia basada en género (6 en Montevideo y 18 en el interior), junto con nuevos magistrados, defensores públicos y equipos técnicos especializados.
- La instalación de juzgados letrados en Ciudad del Plata, ciudad con casi 40.000 habitantes que hoy solo cuenta con un Juzgado de Paz.
- El fortalecimiento de la defensa pública, con la incorporación de 116 cargos entre titulares y suplentes, pilar esencial para garantizar la igualdad ante la ley.
- Medidas de salud laboral, suplencias y carrera funcionarial, que apuntan a dignificar el trabajo de jueces, defensores y funcionarios, y asegurar la continuidad de un servicio humano y eficiente.
Desburocratizar la justicia: reformas para la vida cotidiana
Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es la incorporación de reformas procesales de costo cero, que buscan simplificar los trámites judiciales, eliminar dilaciones innecesarias y acercar la justicia a las personas.
La Suprema Corte de Justicia propone modificaciones que permiten una gestión más ágil de los expedientes, reducen la burocracia y mejoran la calidad del servicio. Estas reformas no implican aumento de gasto, pero sí un impacto directo y positivo: alivian la carga de los juzgados, acortan los tiempos de resolución y facilitan que la ciudadanía acceda a una justicia más clara, comprensible y eficaz.
Además, la desburocratización tiene un impacto directo en las finanzas del Poder Judicial: al simplificar los procedimientos y ahorrar recursos en trámites repetitivos e innecesarios, se liberan capacidades y presupuesto que pueden destinarse a la atención de cuestiones más complejas.
En palabras del documento, se trata de “pequeñas modificaciones procesales con un efecto acumulado significativo”: mejoran la vida de las personas al reducir trámites engorrosos, fortalecen la confianza en el sistema y consolidan un Poder Judicial más cercano y moderno.
Una apuesta estratégica para el país
Con este presupuesto, el Poder Judicial no solo pide recursos: plantea una decisión estratégica para el desarrollo nacional. Una justicia fortalecida significa más confianza para la inversión, más protección para los sectores vulnerables y más cohesión social.
“Es una propuesta seria, prudente y comprometida con el presente y el futuro de nuestro país”, concluye el documento, solicitando su aprobación integral como parte de un compromiso interinstitucional con la democracia, los derechos humanos y la dignidad de todas las personas.
El Poder Judicial reafirma una vez más su compromiso con el acceso real a la justicia, la defensa de los derechos humanos y el desarrollo del país. En este marco, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. John Pérez Brignani subrayó: “pedimos más presupuesto para servir mejor”.