Reuniones individuales con defensores públicos buscan mejorar acceso a la justicia de los más vulnerables

Con el objetivo de fortalecer el servicio de defensa pública y garantizar una respuesta eficaz a las necesidades de las personas más vulnerables, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y la Dirección Nacional de la Defensoría Pública (DINADEF) culminaron en el día de ayer una serie de reuniones virtuales individuales con la totalidad de las defensoras y defensores públicos del interior del país.
Estas instancias, desarrolladas a lo largo del año, permitieron conocer de primera mano las realidades y desafíos que enfrentan las defensoras y defensores públicos en su labor cotidiana, así como identificar buenas prácticas, soluciones innovadoras y necesidades urgentes en los distintos territorios. Uno de los objetivos centrales fue relevar insumos valiosos que serán considerados en la elaboración del próximo presupuesto nacional que el Poder Judicial elevará al Poder Ejecutivo, en línea con su compromiso de orientar los recursos hacia la protección efectiva de los derechos de quienes más lo necesitan. Además, varias de las soluciones identificadas serán implementadas en el corto plazo mediante resoluciones de la DINADEF o a través de Acordadas de la Suprema Corte de Justicia, con el fin de mejorar el funcionamiento y la capacidad de respuesta del servicio de defensa pública en todo el país.
Durante los encuentros, se indagó sobre las principales barreras de acceso a la justicia que enfrentan los usuarios y usuarias del servicio de defensa pública, incluyendo dificultades derivadas de la distancia geográfica, escasos recursos económicos, brechas tecnológicas y falta de información jurídica. En contrapartida, se destacó el compromiso de las defensorías en todo el país y su capacidad para implementar soluciones ajustadas a cada contexto.
Entre las buenas prácticas relevadas, se subrayó la coordinación fluida con los juzgados de paz seccionales, que ha permitido la realización de consultas virtuales para evitar traslados innecesarios de los defendidos, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso. Este trabajo conjunto con jueces y juezas de paz con el valioso apoyo de los funcionarios, ha permitido acercar la justicia a las personas, optimizar tiempos procesales y garantizar un trato digno y eficaz a quienes requieren asistencia letrada.
Asimismo, se destacó el papel clave de los funcionarios y funcionarias judiciales del interior en la remisión de actuaciones y documentación entre las distintas secciones judiciales y las defensorías locales, contribuyendo a la continuidad y efectividad del servicio. También se revisaron estrategias aplicadas para mejorar la defensa de personas privadas de libertad, incluyendo mecanismos de comunicación directa con los establecimientos penitenciarios y una presencia activa en las distintas etapas del proceso penal.
Las reuniones se inscriben dentro de las líneas prioritarias del Plan Estratégico del Poder Judicial, orientado a promover un servicio de justicia centrado en las personas, con enfoque territorial, perspectiva de derechos humanos y vocación de cercanía con la ciudadanía. En este sentido, la iniciativa apuesta a construir respuestas integrales que reconozcan la diversidad de contextos sociales y geográficos en el país.
Participaron en representación de la Suprema Corte de Justicia los secretarios letrados Dra. Gabriela Figueroa y Dr. Juan Pablo Novella. Por la Dirección Nacional de la Defensoría Pública intervinieron su directora, Dra. Susana Rey, y los integrantes de la DINADEF: Dras. Sandra De León, Carina Ceschi, Beatriz Gilardino y Dr. Eduardo Amo.
Esta experiencia reafirma el decidido compromiso del Poder Judicial con el fortalecimiento de la defensa pública, el reconocimiento de su rol esencial en el sistema de justicia y la prioridad institucional de garantizar el acceso a derechos para todas las personas, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.