Ministra Morales expuso en actividad académica cumplida en Colombia
La Ministra de la Suprema Corte de Justicia, Dra. Doris Morales, participó en calidad de expositora en una actividad académica organizada por el Tribunal Constitucional de España y la Cooperación Española, con la colaboración de Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional (CIJC), que tuvo lugar en Cartagena de Indias (Colombia) entre los días 19 y 21 de mayo del corriente.
En el seminario se abordó el control de constitucionalidad como mecanismo en la lucha contra la discriminación que afecta a colectivos vulnerables y la manera en la que se aplican las normas jurídicas y se resuelven los litigios. La actividad estaba dirigida jueces constitucionales, letrados o asesores técnicos que prestan servicios en los respectivos Tribunales constitucionales y otras cortes de justicia. Por esta razón, los asistentes tenían un perfil técnico especializado en el área de la justicia constitucional, como profesionales de la administración de justicia que trabajan los temas propuestos por la convocatoria.
En ese marco, la Dra. Morales expuso sobre "Medidas legislativas con acciones positivas: evaluación de leyes contra la violencia de género y leyes de representación partidaria".
Explican los organizadores que los derechos humanos se enuncian y garantizan en las Constituciones de los diversos países iberoamericanos. Pero también en convenios internacionales suscritos en materia de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El control de constitucionalidad y el control de convencionalidad permiten inaplicar una ley cuando resulta contraria a la Constitución o a un convenio internacional. Por ello, el control de convencionalidad está generando importantes transformaciones en la manera en la que se aplican las normas jurídicas y se resuelven los litigios.
El propósito del seminario fue el de estudiar su incidencia en la lucha contra la discriminación que afecta a colectivos vulnerables: 1. La discriminación por razón de sexo en el espacio público y privado. 2. La discriminación de los colectivos vulnerables en el ámbito laboral. 3. El acceso de las mujeres a la justicia constitucional. 4. Medidas legislativas con acciones positivas: evaluación de leyes contra la violencia de género y leyes de representación paritaria.