Construyendo soluciones desde la experiencia judicial: Presupuesto y análisis de reformas normativas

En el marco de las instancias de planificación y elaboración del proyecto de presupuesto nacional del Poder Judicial, la Sra. Secretaria Letrada, Dra. Gabriela Figueroa y el Sr. Prosecretario Letrado, Dr. Juan Pablo Novella, han puesto en marcha un proceso de diálogo e intercambio con diversos grupos jurisdiccionales, integrados por magistrados y defensores públicos especializados en diferentes materias: civil, penal, familia, familia especializada y laboral. Estas reuniones tienen por finalidad detectar las principales dificultades que afectan el adecuado desempeño de los operadores del sistema judicial, con el propósito de formular soluciones que permitan optimizar su labor y, en última instancia, mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía.

Así, juezas, jueces y defensoras públicas, desde su experiencia diaria, exponen sobre los obstáculos normativos y operativos que dificultan su labor. A partir de estos insumos, se elaborarán propuestas concretas orientadas a una adecuación de normas, que atiendan de manera integral las problemáticas más comunes detectadas.

Las iniciativas que surjan en este proceso serán elevadas a la Suprema Corte de Justicia, a efectos de su análisis y eventual aprobación, para su posterior incorporación en el proyecto presupuestal que dicho órgano debe presentar, en cumplimiento de sus competencias constitucionales (art. 239.3 Constitución). En este sentido, resulta de especial relevancia destacar que la Suprema Corte de Justicia, en virtud de lo dispuesto por el artículo 240 de la Constitución Nacional, posee facultades colegislativas, lo que le permite proponer iniciativas sobre normativa vinculada al funcionamiento del sistema de Justicia.

En este sentido, se torna imperioso fortalecer los mecanismos que faciliten el trabajo de jueces, defensores públicos y demás operadores judiciales, contribuyendo, entre otras cuestiones, a la descongestión de los Tribunales. Todo ello con el objetivo de garantizar una respuesta jurisdiccional más eficiente y ágil. La mejora de las condiciones del sistema judicial constituye un pilar esencial para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la consolidación de la justicia al servicio de la sociedad.