Deshielo: luego del pronunciamiento de la Corte integrada sobre inconstitucionalidad de ley 19.310, toca mover al Poder Ejecutivo.
El complejo conflicto en el que se ve inmerso el Poder Judicial "ha salido del freezer", aseguró el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Chediak, en oportunidad de analizar la incidencia del reciente fallo de la Corte integrada que declaró la inconstitucionalidad de tres artículos de la ley nº 19.310, determinando el turno del Poder Ejecutivo que ahora debe hacer su movida. Etas declaraciones fueron vertidas durante la participación de Chediak en el programa "Desayunos informales" que se emite por canal 12 en horario matutino.
"De alguna manera este conflicto ha salido del freezer, dado que en la primera reunión -y hasta ahora única-, que la Corte en pleno tuvo con el Presidente de la República al comienzo de su mandato, éste señaló que no iba a reglamentar ni la ley de medios ni la ley nº 19.310 hasta conocer la opinión de la Suprema Corte de Justicia sobre las inconstitucionalidades planteadas" dijo el Dr. Chediak.
"Estábamos en esa situación en la que, para el caso concreto del conflicto, esta ley pretendió solucionarlo parcialmente a fin del año pasado habilitando dos partidas presupuestales bastante grandes, la menor de 235 millones para dar un aumento del 8% a futuro y la partida mayor, de más de 450 millones de pesos, para otorgar tres sueldos por las diferencias acumuladas en el pasado" indicó el entrevistado agregando que es esa misma ley la que el Presidente de la República "decidió no reglamentarla hasta saber si era constitucional o no".
"La Suprema Corte integrada acaba de dictaminar que tres artículos son inconstitucionales y uno -el que fija un aumento del 8%- no lo es, por lo que ahora le toca mover al Poder Ejecutivo a los efectos de la reglamentación de la ley" señaló.
"Además tenemos el conflicto por el presupuesto, que sobre todo hace a los gastos de funcionamiento y de inversión del Poder Judicial, los que siguen en la línea de base del año 2010, salvo en los gastos de funcionamiento, porque se obtuvieron 50 millones por gestión directa de la Corte ante el Poder Ejecutivo, lo que se habilitó este año para poder pagar las cuentas del segundo semestre".
"Y por último tenemos el problema pendiente con la aplicación del Código de Proceso Penal, que venía con una aprobación parlamentaria por parte de todos los partidos para aplicarse a partir del 1º de febrero de 2017".
"Eso requiere mucho dinero y el Poder Ejecutivo decidió fragmentar la aplicación de este código postergando su vigencia para el 1º de febrero de 2019 en lo que le pareció que es más caro" aunque agregó que "de todas maneras no tenemos fondos para implementar siquiera los más barato" ya que "en la situación actual tenemos dificultades para continuar prestando el servicio en el nivel que los estamos prestando".
"Nuestra situación para el funcionamiento del año 2016 es complicada" enfatizó el alto magistrado.
"Nuestros servicios contables prevén un déficit de 75 millones de pesos en gastos de funcionamiento y la afectación absoluta del rubro inversiones a la construcción -que ya está desarrollándose- del módulo del Centro de Justicia Penal de Maldonado; entonces tenemos cuatrocientas sedes a las cuales hay que hacer refacciones y mantenimiento pero sólo la construcción de una nos va a llevar todo nuestro presupuesto y la mitad del presupuesto del año 2017 en inversiones, con lo cual allí también necesitamos un refuerzo para atender el resto de las sedes".
Consultado por el equipo de comunicadores con el que dialogaba acerca de si esta situación afecta la independencia del Poder Judicial en lo que hace a sus decisiones, dijo de modo contundente: "de ninguna manera".
"Nos enorgullecemos de que en la percepción internacional y en todos los rankings de independencia judicial estamos ubicados en los primeros lugares" agregó para subrayar su respuesta.
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