21.11.16, de DICOMI-SCJ.- Las integrantes del Grupo Coordinador de los Proyectos "Implementación y funcionamiento del nuevo Código de Proceso Penal" e "Implementación y funcionamiento del nuevo Código Aduanero" (Resoluc. SCJ nº 652/2016), Dra. Graciela Gatti (Ministra de Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno) y Dra. Verónica Acuña (Directora de la Defensoría Pública Penal), viajaron a las ciudades de Salto y Paysandú, donde se reunieron con los operadores locales que tendrán la responsabilidad de aplicar el nuevo CPP a partir del próximo 16 de julio.

FRUCTÍFERO ENCUENTRO EN LA CIUDAD DE SALTO.
Las mencionadas profesionales estuvieron en Salto en las primeras horas de la tarde, donde mantuvieron un fructífero encuentro con jueces, actuarios, defensores, médicos forenses, peritos psicólogos y psiquiatra de ese departamento. Se advirtió una gran receptividad frente a los cambios que ya han comenzado a gestarse y los que se avecinan. Los operadores locales solicitaron profundizar la capacitación a todo nivel y propusieron el uso de las tecnologías que permiten hacerlo "on line". Además, preocupa la superposición de los procesos de adolescentes y adultos ante un mismo juez, ya que se trata de procesos incompatibles. Este tema y otras sugerencias que afloraron en la reunión serán analizadas por el Grupo Coordinador en reunión plenaria.
EN PAYSANDÚ EN LAS ÚLTIMAS HORAS DE LA TARDE
En la misma jornada del viernes 18 de noviembre, en las últimas horas de la tarde, las integrantes del Grupo Coordinador se trasladaron a la ciudad de Paysandú. Allí fueron recibidas por jueces, actuarios, defensores públicos, médicos forenses y psiquiatras de ese departamento. Los temas tratados reflejaron la preferencia por el nuevo sistema, al que no dudaron en calificar como más transparente. Los defensores públicos refirieron al proceso abreviado y plantearon la necesidad de algún ajuste que permita la celebración de audiencias antes del juicio. Las actuarias presentes expresaron la necesidad de fortalecer su oficina para atender los requerimientos del nuevo juzgado de ejecución, mientras que los forenses y peritos estiman prioritario definir en forma clara el alcance de su participación en el nuevo proceso.