03.05.16, de DICOMI-SCJ.- El Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Ricardo C. Pérez Manrique, y la Ministra de la Corporación, Dra. Elena Martínez, participaron de una reunión con el Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, el Fiscal de Corte, Dr. Jorge Díaz y legisladores nacionales, en la que se abordaron temas referidos a la seguridad pública y la reforma del sistema procesal penal.

En dicha oportunidad, el Dr. Pérez Manrique agradeció la oportunidad para plantear "la visión desde la Suprema Corte de Justicia de la implementación de la reforma del sistema procesal penal, dado que solamente tenemos información de los temas a consideración de este ámbito por los medios de comunicación".
Entre las objeciones técnicas realizadas al proyecto, el alto magistrado mencionó el "desarrollo en estructura y número de defensores de la Defensa Pública", la creación de juzgados que "al igual que cuando entró en vigencia del Código General del Proceso se hagan cargo de los asuntos nuevos", así como "la falta de una decisión política clara del rumbo a tomar y de una estimación real con bases científicas de las necesidades reales que hemos sugerido al Sr. Presidente de la República tener en cuenta la experiencia de modelos exitosos de aplicación".

Según la información divulgada por el portal noticioso de El Observador, en conferencia de prensa improvisada en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, el Dr. Tabaré Vázquez dijo que el gobierno incluirá en la próxima rendición de cuentas los recursos económicos necesarios para que el proceso se pueda poner en marcha. Este punto es fundamental, en tanto que el nuevo sistema requiere de inversión tanto para la capacitación de recursos humanos como para el diseño de infraestructura edilicia. Los fondos estarán disponibles a partir del 1 de enero del 2017. A partir de esa fecha la Fiscalía y la Suprema Corte de Justicia tendrán seis meses para implementar el nuevo código.
Si bien hay un acuerdo general sobre la necesidad de implementar el nuevo código de forma integral -con un cronograma que asegure la entrada en vigencia de la forma más breve posible- aún existen algunas diferencias entre la oposición y el gobierno. Mientras que el gobierno pretende aplicar el nuevo código del proceso con un criterio por zonas geográficas, para el Partido Nacional debe hacerse de forma "universal". Esta visión está basada en la opinión, expresada por el fiscal Díaz, que una aplicación por áreas geográficas podría ser "inconstitucional".