La Suprema Corte de Justicia (SCJ) y la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay (UNCU) suscribieron un acuerdo de cooperación fundado en lo preceptuado por el art. 49 de la ley nº 18.651 que obliga al Estado a ocupar personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad requeridas para los puestos a ser llenados.
El documento fue suscrito por la Presidenta de SCJ, Dra. Doris Morales, la Directora General de los Servicios Administrativos del Poder Judicial, Esc. Patricia Porley, el Presidente de UNCU, Pablo Zelis Reggiardo y la Secretario de dicha organización, Katherine Arias. 
En la ceremonia que se cumplió en la tarde del martes en el Palacio Piria también estuvieron presentes los Ministros de la SCJ, Dr. Julio Posada y Dr. Álvaro França, otras autoridades judiciales y demás invitados para lo ocasión.
A efectos de cumplir el acuerdo las partes se comprometen con un plan de acción que incluye la realización de talleres de concientización, capacitación y apoyo en orientación de parte del equipo técnico del Programa Ágora de inclusión laboral para personas con discapacidad visual.
Al hacer uso de la palabra, la Dra. Doris Morales celebró que "podamos llevar adelante este convenio que tenderá a que las personas con discapacidad visual puedan acceder a puestos de trabajo y, a su vez, que en caso de hacerlo puedan adaptar la tarea a desempeñar según las necesidades del usuario" incluyendo "la necesidad de adaptación del lugar de trabajo, así como del resto de los funcionarios, mediante mecanismos de capacitación que refuercen la actividad en la oficina de que se trate".
"Sin duda este convenio obrará en favor de abolir la discriminación, cualquiera sea su origen y nos posiciona en un lugar destacado en la lucha que llevan a cabo quienes entienden que todos los seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos", concluyó la Presidenta de la SCJ.