En el marco de la actividad, Dra. Morales también participó del Encuentro Iberoamericano de Centros de Estudios Constitucionales, instancia impulsada por el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Supremo Federal de Brasil con el objetivo de promover la investigación, la formación y el intercambio académico en materia jurídico-constitucional. El encuentro buscó fortalecer los vínculos y la cooperación entre los centros de estudios constitucionales y organismos similares de Iberoamérica, fomentando un espacio permanente de diálogo y construcción conjunta.

Durante su exposición, la Dra. Morales analizó los desafíos que plantea el avance de las nuevas tecnologías y, especialmente, de la inteligencia artificial, en el ámbito de la administración de justicia. En ese sentido, señaló que históricamente la tecnología fue concebida como una herramienta al servicio del juez y del Poder Judicial, pero advirtió que el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial abre un nuevo debate respecto a los límites de su utilización y a la eventual sustitución parcial de determinadas tareas humanas.
 

Asimismo, realizó un repaso de la normativa uruguaya vinculada a la incorporación de herramientas tecnológicas en los procesos judiciales, destacando los avances en la implementación del expediente electrónico, las notificaciones digitales, las videoconferencias y el sistema de gestión. Subrayó que toda innovación tecnológica debe desarrollarse con pleno respeto de las garantías constitucionales y del debido proceso, preservando principios esenciales como la independencia e imparcialidad judicial, el derecho de defensa y el acceso efectivo a la Justicia.
 

En su intervención, la Presidenta citó a referentes clásicos del derecho procesal, como Eduardo Couture, junto a especialistas contemporáneos que han investigado sobre justicia digital e inteligencia artificial aplicada al ámbito judicial, entre ellos Jordi Nieva Fenoll. En ese marco, se refirió a los desafíos éticos y jurídicos que plantea la incorporación de herramientas tecnológicas en la administración de justicia, especialmente en relación con los sesgos algorítmicos, la opacidad de los sistemas automatizados y la necesidad de garantizar la protección de los derechos fundamentales.
 

En particular, hizo referencia a las posturas que sostienen que existe una “línea roja” que no debería ser sobrepasada: la inteligencia artificial no puede sustituir al juez en la toma de decisiones jurisdiccionales, por tratarse de una función exclusiva e indelegable. También destacó la importancia del principio de inmediación y de las audiencias presenciales, señalando que el uso de herramientas telemáticas debe reservarse para situaciones excepcionales.
 

Finalmente, la Dra. Morales sostuvo que el debate sobre inteligencia artificial y justicia requiere una reflexión profunda sobre el modelo de sistema judicial que se pretende preservar en las sociedades democráticas actuales, advirtiendo sobre la necesidad de avanzar con prudencia para garantizar la protección del Estado de Derecho y de las garantías fundamentales.