La Suprema Corte de Justicia dispuso la creación de un nuevo Juzgado de Ejecución Penal en Montevideo
La Suprema Corte de Justicia informa que, a partir del 1.º de marzo de 2026, entrará en funcionamiento un nuevo turno del Juzgado de Ejecución Penal en la capital del país, conforme lo dispuesto en Acordada Nro. 8260.
Esta medida responde a la situación crítica que atraviesan actualmente las sedes de ejecución penal, cuyos turnos soportan grandes cargas de trabajo. En particular, la oficina que conforman los Juzgados Letrados de Ejecución y Vigilancia de 2º, 4º y 5º Turno tiene a su cargo la tramitación de 14.106 expedientes, una cifra que compromete seriamente la capacidad del sistema para realizar un control adecuado y efectivo de la ejecución de las penas.
La saturación de estos juzgados impacta directamente en la tutela judicial de quienes se encuentran cumpliendo condena. El debido seguimiento de las medidas, la supervisión del cumplimiento de las garantías, el monitoreo de la situación de las personas privadas de libertad y la adopción de decisiones oportunas son exigencias esenciales del sistema de ejecución penal, que hoy se ven tensionadas por el volumen extraordinario de causas.
Además, los jueces y juezas de Ejecución Penal realizan semanalmente visitas a los centros de reclusión para supervisar de primera mano el cumplimiento de las condenas, las condiciones de detención y la situación carcelaria en su conjunto. Esta presencia regular en los establecimientos penitenciarios es una tarea esencial del sistema, que permite detectar necesidades, adoptar medidas inmediatas y asegurar que se respeten los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
Consciente de ello, la Suprema Corte de Justicia ha decidido priorizar esta materia, adoptando una solución que permita mejorar la capacidad del Poder Judicial para vigilar, controlar y asegurar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas condenadas.
La creación del nuevo turno será posible gracias a un esfuerzo sostenido de reorganización interna, mediante la redistribución de cargos y la reasignación de recursos humanos dentro del propio Poder Judicial.
Pese a operar con un presupuesto limitado, la Corporación continúa implementando ajustes institucionales orientados a optimizar los recursos existentes, sin descuidar la calidad del servicio que presta a la ciudadanía.
Esta decisión se inscribe en una línea de trabajo constante, que busca fortalecer la respuesta judicial en áreas especialmente sensibles. La población privada de libertad es, sin duda, uno de los colectivos más vulnerables del país. Garantizar que cada expediente sea atendido con la debida diligencia y que cada persona en proceso de rehabilitación reciba un seguimiento adecuado forma parte del compromiso ético y constitucional de la Suprema Corte de Justicia.
Con la entrada en funciones del nuevo turno de ejecución penal a partir de marzo, se aspira a disminuir significativamente la sobrecarga, mejorar los tiempos de respuesta y asegurar una supervisión más cercana y efectiva sobre la situación de cada persona sometida a una pena.
De este modo, el Poder Judicial reafirma su voluntad de brindar un servicio más humano, eficiente y accesible, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales y el fortalecimiento del Estado de Derecho.