La Suprema Corte de Justicia (SCJ) participó este jueves 13 de noviembre en el lanzamiento de la Estrategia Nacional e Intersectorial para la Eliminación del Embarazo en Niñas y la Prevención del Embarazo en Adolescentes (2025–2030), iniciativa liderada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y concebida como una política de Estado orientada a la protección integral de niñas y adolescentes. La Dra. Gabriela Figueroa, Secretaria Letrada de la Corporación, asistió al evento en representación de la SCJ.
La actividad —realizada en el Anexo de la Torre Ejecutiva— reunió a autoridades nacionales, organismos del sistema de protección, equipos técnicos y representantes de instituciones públicas convocadas a integrar esta segunda fase de la estrategia. Durante la instancia se presentó el marco conceptual actualizado, que identifica al embarazo infantil y al embarazo no intencional en la adolescencia como fenómenos vinculados a vulneraciones de derechos humanos, situaciones de violencia, pobreza, desigualdad territorial y trayectorias de desprotección.
En su intervención, la Dra. Figueroa destacó que la presencia del Poder Judicial en esta estrategia refleja la voluntad de fortalecer la protección de las infancias y garantizar el acceso a la justicia como parte esencial del abordaje integral de estas problemáticas. Subrayó, además, que embarazos en niñas menores de 15 años —muchos de ellos asociados a abuso sexual— exigen respuestas coordinadas del Estado y la participación activa del sistema de justicia en las acciones preventivas, de investigación y de protección.
Se valoró especialmente que esta nueva etapa de la estrategia incluya a nuevos actores institucionales, ampliando la mirada sobre fenómenos que requieren coordinación intersectorial, formación especializada y articulación constante entre salud, educación, protección social y justicia. En este marco, la Dra. Figueroa reafirmó el compromiso del Poder Judicial con la construcción de un sistema que llegue a tiempo, que escuche y proteja, y que actúe con sensibilidad y rigor frente a vulneraciones que afectan gravemente el desarrollo, la autonomía y el proyecto de vida de niñas y adolescentes.
El Poder Judicial continuará participando en esta estrategia nacional, aportando su perspectiva técnica e institucional y contribuyendo al fortalecimiento de políticas que promuevan condiciones de igualdad, prevengan la violencia y protejan los derechos fundamentales de las infancias y adolescencias.