Diálogo sobre ejecución penal reunió a autoridades del INR y del Poder Judicial

El pasado 14 de mayo, la Suprema Corte de Justicia fue escenario de una reunión de trabajo que contó con la participación de los Secretarios Letrados de la Corporación, Dra. Gabriela Figueroa y Dr. Juan Pablo Novella; la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, la asesora del Ministro del Interior, Dra. Ana Vigna, la Subdirectora Nacional Administrativo del INR, Ec. Leticia Carzoglio; el Subdirector Nacional Administrativo del INR, Crio. Jorge Camargo; la Directora del Departamento de Género y Diversidad del Instituto Nacional de Rehabilitación, Dra. Paula Lacaño y la Dra. Cecilia Lamerain, del Instituto Nacional de Criminología.
Asimismo, estuvieron presentes las Dras. Ana Ruibal, Mercedes Reyes, Lorena García, Marcela López Moroy y Nivia Díaz, junto al Dr. Nelson Dos Santos, juezas y juez letrados de ejecución y vigilancia.
La instancia tuvo como objetivo propiciar un espacio de intercambio entre operadores clave del sistema penal, orientado a compartir información, analizar dificultades, relevar buenas prácticas y promover el conocimiento de criterios aplicables a la ejecución de la pena.

El diálogo permitió identificar aspectos sustanciales de la coordinación entre el sistema penitenciario y el Poder Judicial, así como reflexionar sobre las implicancias jurídicas, institucionales y humanas de esta etapa del proceso penal.

Durante el encuentro se destacó la necesidad de concebir la ejecución penal como una dimensión fundamental del sistema de justicia, con impacto directo en la vigencia de los derechos humanos y en el cumplimiento de los estándares internacionales asumidos por el Estado uruguayo.

En el transcurso del encuentro se hizo referencia a la necesidad de alinear las prácticas nacionales con los estándares internacionales en materia penitenciaria, en particular con las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos (Reglas Mandela) y las Reglas Bangkok sobre tratamiento de mujeres privadas de libertad. Estos instrumentos establecen parámetros fundamentales sobre condiciones dignas de detención, acceso a la salud, contacto con el mundo exterior, medidas alternativas a la privación de libertad y enfoques diferenciados con perspectiva de género. Su incorporación como referencia orientadora en la ejecución penal refuerza el compromiso institucional con un sistema penitenciario respetuoso de los derechos humanos y con una función rehabilitadora real y efectiva.

En ese sentido, se subrayó la relevancia del rol judicial en la supervisión de las condiciones de cumplimiento de la pena y en la protección de la dignidad de las personas privadas de libertad.

Las autoridades presentes coincidieron en valorar positivamente el diálogo interinstitucional como herramienta para mejorar la gestión de la ejecución penal, avanzar en soluciones coordinadas y fortalecer una cultura institucional basada en el respeto mutuo, la cooperación y la garantía de derechos.

De esta forma se reafirma el compromiso con la promoción de estos espacios de trabajo conjunto, manifestándose la voluntad de dar continuidad a futuras instancias de intercambio que permitan seguir construyendo un sistema de ejecución penal más eficiente, garantista y ajustado a los principios del Estado de Derecho.