Durante su carrera judicial de casi cuatro décadas, Julio Alfredo Posada fue actuario en Tacuarembó y juez de Paz en Paysandú y en Cerro Largo —donde también fue letrado—; en Montevideo fue juez de familia y civil, y durante los últimos 17 años integró el Tribunal de Apelaciones de Trabajo. Su trayectoria, además de estar marcada por haberse desempeñado en distintas materias y departamentos del interior, se caracteriza también por un perfil bajo, impronta que pretende mantener en la nueva etapa que comienza.

El pasado 1 de diciembre, Posada asumió como nuevo integrante de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), por ser el ministro de tribunales de apelaciones de mayor antigüedad. En el máximo órgano del Poder Judicial, volverá a coincidir con la ministra de la Corte Doris Morales, con quien trabajó también en Apelaciones y mantiene una muy buena relación.

En su primera entrevista como ministro de la SCJ, Posada dijo que el presupuesto del Poder Judicial es “totalmente insuficiente” y que el sistema político debería tener “otro respeto” con la Justicia y no tratarla como “un organismo más”. También puso énfasis en la falta de juzgados especializados en violencia doméstica, una materia que le es conocida porque fue uno de los primeros jueces especializados.

Lo que sigue es un resumen de la entrevista que mantuvo con Búsqueda.

—Usted pasó por diferentes materias y departamentos. ¿Cómo ve la descentralización de la Justicia actualmente?

—Ese es un tema importante. Lamentablemente, como la mayoría de los jueces entienden que acercarse a Montevideo es un beneficio, son pocos los que quieren quedarse en el interior. Muchas veces incluso se considera un ascenso acercarse a Montevideo, y van quedando más al norte los jueces que recién ingresan. Entonces hay una Justicia de mejor calidad en el sur que en el norte. Lo veo como un problema que debería solucionarse. Sobre todo en la zona norte, en donde pocos quieren estar.

—¿Es por una cuestión de estar lejos de Montevideo, y de que hay que moverse con la familia? ¿Cuáles son las razones?

—La mayoría de los jueces son montevideanos. Muchos tienen su familia acá, saben que la carrera va a finalizar acá, entonces van procurando un acercamiento en la medida de su posibilidad. Lo que buscan los jueces es darle estabilidad a la familia, supongo. Y la estabilidad recién se va a conseguir cuando estén acá en Montevideo.

—Después de tantos años en la magistratura, ¿cómo cambió su forma de entender la Justicia?

—Fue un proceso de maduración, desde que yo era estudiante, que ya tenía la vocación por la abogacía. Después de que uno está de los dos lados del mostrador, ve que la Justicia es otra cosa. En la Justicia se resuelven los conflictos de una manera más imparcial, con más objetividad, sacándose la camiseta de las partes, que es la que uno usa cuando es abogado, y poniéndose una distinta, que es la del Poder Judicial.

—¿Es difícil lograr esa imparcialidad?

—No, si tenés la vocación, no. Por suerte ahora tenemos el Centro de Estudios Judiciales, que forma a los jueces y eso ha sido un gran avance.

—¿Qué sucede con los sesgos, que a veces aparecen?

—A veces es difícil desprenderse de algunos preconceptos que uno tiene y surgen esos sesgos que tienen algunos jueces. Somos seres humanos.

—¿Hay alguna experiencia o etapa de la carrera que lo haya marcado especialmente como juez?

—Varias. En todos los lugares que estuve, tuve experiencias importantes. Por ejemplo, cuando estaba en el juzgado de familia fue que comenzaron a surgir los juzgados de violencia doméstica y fui de los primeros jueces que empezó a intervenir en esa materia, que era completamente nueva. Los jueces de familia no estaban acostumbrados a que la policía nos llamara a todo momento, a cualquier hora. Era una locura. Esa experiencia me cambió bastante. Ahí me di cuenta de que la sociedad no estaba bien, que había y hay un problema en la sociedad que estaba oculto y que empezó a aparecer. En ese momento, yo era juez de familia e incluso me designaron para integrar junto con el doctor (Ricardo) Pérez Manrique y la doctora (Ana) Maggi una comisión que fue la encargada de buscar un lugar físico donde instalar los primeros cuatro juzgados de violencia doméstica, de seleccionar los primeros cuatro jueces para esa materia y elaborar la acordada que regulaba el funcionamiento. Fue una buena experiencia.

—¿Cómo ve la aplicación de la ley de violencia de género?

—Yo considero que la ley es buena. El tema es que la realidad siempre supera a lo previsto en la norma, y es difícil que la norma prevea todas las situaciones que puedan plantearse. También los recursos materiales son limitados. Por ejemplo, para realizar pericias es difícil conseguir psiquiatras que las hagan en tiempo y forma. Entonces muchas veces el juez no cuenta con todos los elementos necesarios para tomar una decisión rápida y adecuada.

—¿Qué valores intenta que estén siempre presentes al momento de dictar una sentencia?

—La independencia, primero que nada. La imparcialidad: ser justos, equitativos. Y aplicar siempre la norma que corresponde: la Constitución, las leyes, las normas. En el Tribunal de Trabajo era de todos los días aplicar, por ejemplo, los convenios colectivos, las normas pactadas que generalmente no están en leyes, o sea, son convenios ante las partes. Por supuesto, siempre hay que tener en cuenta los derechos humanos, los derechos fundamentales previstos en las normas internacionales.

—¿Se violan mucho los convenios colectivos?

—No es que se violen, me parece que a veces se generan problemas de interpretación: unos lo interpretan de una manera y los empleadores de otra, y ahí se generan los conflictos. Son relaciones humanas en las que siempre aparece algún conflicto. Es natural.

—¿Cuáles deberían ser a su juicio las prioridades de la SCJ en este período?

—Recién estoy entrando y es difícil adelantarme, pero con el escaso presupuesto con el que cuenta la Corte, tratar de que se creen la mayor cantidad posible de juzgados de género que están previstos en la ley y no se han dado los recursos suficientes. También tratar de mejorar las condiciones de trabajo de sus funcionarios: hay algunos lugares físicos que hay que mejorar.

—Calificó de “escaso” el presupuesto. ¿Lo considera también insuficiente? ¿No se le da la importancia necesaria a la Justicia?

—Sí, totalmente. Totalmente insuficiente. Me parece que hay otras prioridades y, como dicen los economistas, la frazada es corta, pero me parece que se tiene que tener otro respeto, otra consideración con la Justicia, que es un poder del Estado, y no ser tratados como si fuéramos un organismo más.

—¿Por qué cree que el sistema político no prioriza la Justicia?

—Es que no lo entiendo, porque siempre se dice que Uruguay es un país que cumple con sus contratos, que tiene buena reputación a nivel internacional, porque se aplican las normas jurídicas, porque la Justicia cuenta con una buena calificación, y sin embargo, cuando llega el momento no se dan los recursos.

—¿Dónde están las mayores deficiencias actualmente?

—Es difícil, pero las mayores deficiencias están en la insuficiente cantidad de juzgados de género. Hay departamentos que no tienen y tienen muchos problemas de ese tipo. Esto implica para las víctimas el riesgo de que no puedan ser tutelados sus derechos en tiempo y forma. Porque los juzgados que atienden esas causas también tienen que atender otras materias y todo no se puede, por más que les den prioridad a los temas de violencia de género.

—¿Qué lugar debe tener la formación de los jueces, en especial frente a nuevos fenómenos delictivos?

—Es tarea del Centro de Estudios Judiciales, que está y ha estado excelentemente dirigido y tiene muy buenos docentes. La formación permanente es imprescindible, por ejemplo, con los delitos informáticos.

—¿Qué piensa de la inclusión de la inteligencia artificial en el trabajo de la Justicia para acelerar algunos procesos?

—Bueno, en la medida que colabore con el desarrollo de los procesos, es bienvenida. Lo que no va a sustituir nunca la inteligencia artificial es la decisión de los jueces.

—Asume como ministro de la Suprema Corte en un momento de alta visibilidad del Poder Judicial. ¿Cómo describiría hoy el vínculo entre la Justicia, la política y también la opinión pública?

—Con la política es como siempre. Ellos hacen su trabajo, nosotros el nuestro. No veo que sea conflictiva, es una relación normal. Y con la opinión pública, el Poder Judicial trata de ganarse siempre la confianza y ser merecedor de la confianza de la gente. Por supuesto, las decisiones siempre favorecen a uno, perjudican a otro, y los perjudicados siempre se crean un mal concepto de la Justicia. Pero justamente la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. En Uruguay creo que la Justicia goza de muy buena reputación, comparado con otros países.

—¿Es bueno que los jueces salgan en los medios y expliquen las decisiones o deben evitarlo y hablar a través de las sentencias, como suele decirse?

—La Suprema Corte de Justicia tiene al doctor (Raúl) Oxandabarat como vocero, que lo hace muy bien, y pienso que se puede seguir de esa manera. Porque los jueces como yo no estamos acostumbrados a dar explicaciones a la prensa. Pero en la medida que el juez considere que está capacitado para hacerlo, para que la explicación que le dé a la prensa sea más precisa que la que estableció en la sentencia, perfectamente puede hacerlo.

—Ciertas decisiones judiciales, sobre todo vinculadas a lo penal, provocan una gran atención de los medios y la opinión pública, y se cuestionan a veces las penas aplicadas.

—Se aplican las penas que están previstas en la ley, el juez no puede salirse de ahí y tampoco se puede salir de lo que pide el fiscal. Hay un límite que la gente capaz no tiene en cuenta: es la fiscalía la que pide la pena y después el juez no puede excederse de ahí. Es lo que dice la ley. No puede aplicar penas que no están previstas.

—¿Debería modificarse el Código Penal?

—Ahí me llevás a una rama en la que no estoy actualizado. El tema es que hay delitos que se han instalado, como el narcotráfico, a los que no hay con qué darles. Por más penas que haya, igual el narcotráfico sigue. Estando preso el narcotraficante sigue traficando. No sé cuál es la solución.

—¿Qué cree que hoy se le reclama con más fuerza a la Justicia desde la sociedad? ¿Que sea rápida, independiente o transparente?

—Independiente es, no creo que la sociedad considere que no es independiente. Transparente puede ser que se pueda mejorar, pero creo que lo es también. Lo que generalmente se critica es la falta de rapidez, esa es la crítica habitual. Pero no siempre la rapidez va de la mano de la calidad. Entonces hay que tratar de compatibilizar rapidez con una justicia de calidad. Ayer mi discurso decía exactamente eso, que una justicia de calidad exige que los plazos sean razonables. Las urgencias a veces determinan decisiones apresuradas y las decisiones apresuradas pueden ser equivocadas.

—¿Qué opina de cuando se legisla a partir de hechos concretos?

—Bueno, me parece que no es la mejor técnica, salvo que esos hechos concretos comiencen a ser reiterados.

—¿Le preocupa que determinadas decisiones judiciales sean leídas en clave política? ¿Cómo se protege la independencia en ese contexto?

—Es inevitable que los políticos usen todas las herramientas que tienen a su favor para un lado o para el otro. Pero la Justicia tiene que tomar su decisión independientemente de lo que hagan los políticos después de estar tomada la decisión.

—¿Ve hoy un riesgo de judicialización de la política o de politización de la Justicia?

—Me parece que hubo un período en que se estaba dando eso, ahora como que se ha tranquilizado. No creo que los políticos tengan en mente esa estrategia en forma permanente, puede ser en algún caso aislado. Como estrategia permanente de judicializar todo, no lo veo.

—En algunos casos, como en un femicidio, o en un caso de violencia vicaria, la demanda social es de un gran castigo. ¿Cómo se hace para equilibrar esa demanda social con las garantías constitucionales y las leyes vigentes?

—Todo pasa por la educación de la sociedad. Porque una sociedad educada no puede estar pidiendo pena de muerte o penas que no están previstas en la ley. Si una sociedad está educada, sabe que más de los años que la ley prevé como máximo de castigo no se pueden imponer. Si es por lo que reclama la sociedad, habría pena de muerte, supongo. Y eso se soluciona con educación.

—¿Qué opina del proyecto de descentralización de la defensoría pública?

—Qué tema. Hay que ver si es constitucional o no. Lo primero. Si fuera constitucional, siempre y cuando al Poder Judicial se respete todo lo que le corresponde, es decisión política. No sé si no habría que reformar la Constitución para que pueda ser descentralizada.

—¿Por el nombramiento de los defensores?

—Sí, claro. No entiendo cómo puede ser descentralizado y a su vez dependiente del Poder Judicial. Sería un tercer género medio raro, no sé. No es exactamente el mismo caso que la Fiscalía, porque la Fiscalía ya estaba formando parte del Ministerio de Educación y Cultura. Sacar del Poder Judicial algo que la Constitución prohíbe, que está ahí, por ley... No sé. Lo que estamos pidiendo es que si se va a concretar, que se respeten todos los derechos del Poder Judicial, tanto en cuanto a formación de los abogados como en cuanto a lo que ha aportado económicamente para ello, o los edificios donde funciona. Tiene que haber una compensación económica para el Poder Judicial si se produce.

Noticia extraída de Búsqueda