20.10.16, de DICOMI-SCJ.- El Grupo Coordinador de los Proyectos "Implementación y funcionamiento del nuevo Código de Proceso Penal" e "Implementación y funcionamiento del nuevo Código Aduanero" (Resoluc. SCJ nº 652/2016) se reunió en las primeras horas de la tarde de ayer con delegados de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) que llegaron desde el interior del país, oportunidad en la que se les informó de los avances hacia la implementación del nuevo Código de Proceso Penal (CPP).
La Ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º Turno, Dra. Graciela Gatti, a quien se le asignó la tarea de coordinar las acciones del mencionado grupo de trabajo, expresó a los presentes que la nueva norma (ley nº 19.293) supone un cambio de mentalidad para los jueces, que dejarán de ser investigadores para pasar a convertirse en terceros imparciales que resolverán de acuerdo al planteo de las partes (Fiscalía e indagado en la causa).
La magistrada agregó que en la ley de rendición de cuentas se crearon cargos de jueces para atender las nuevas tareas, pero la dotación de cada oficina permanecerá incambiada, por lo que será necesario reorganizar la asignación de tareas. Sin embargo, remarcó que se trata de la misma cantidad de trabajo que a partir del 16 de julio se realizará de una manera nueva.
Gatti resaltó la creación de 6 nuevos cargos de juez de ejecución y vigilancia (encargados de vigilar el cumplimiento de la pena): dos para la capital del país, uno en Maldonado, uno en Rivera, uno en Salto o Paysandú y uno en San José (que se ubicará en la ciudad de Libertad), dotando a estos últimos cuatro con competencia regional.
Por su parte, el Director de la División Tecnología, Ing. Marcelo Pesce, dijo a la concurrencia que, entre las múltiples tareas que será necesario reorganizar, destaca el modo en que se toman las audiencias, que serán registradas digitalmente mediante una grabación de audio que luego estará disponible para todas las partes implicadas en el proceso.
Pesce resaltó que la opción de realizar solamente un registro de audio y no un registro audiovisual se debe a que los recursos financieros de que se dispone son limitados. No es que sea muy oneroso comprar cámaras de grabación de video, dijo el profesional informático, sino que lo que resulta en un alto costo es el almacenamiento y el procesamiento de la enorme cantidad de datos que representan los archivos audiovisuales. Y citó como ejemplo exitoso del uso del registro de audio a la justicia chilena, que abandonó el sistema inquisitivo de forma gradual entre los años 2000 y 2005.
Pesce explicó que el receptor que actualmente elabora las actas de lo actuado en materia penal seguirá cumpliendo la misma función, pero lo hará utilizando un nuevo modo de registro. En lugar de redactar lo que digan los implicados en el proceso, operará el sistema Audire para registrar lo actuado en un archivo de audio. Además, será el responsable de redactar el acta resumida donde se establecerá cuál es la instancia que se cumple, quiénes asisten a la misma, la identificación del correspondiente archivo de audio y las resoluciones que recaigan en la audiencia.
Luego de registrada la audiencia con el nuevo sistema Audire, los archivos se volcarán al Sistema de Gestión Juzgados Multimateria (SGJM), pasando a formar parte del expediente en trámite. Pesce anunció que para el mes de marzo del año próximo, todos los juzgados letrados del país en materia penal estarán operando el SGJM, para lo cual se viene trabajando intensamente con múltiples equipos de implantación que están recorriendo todo el país.
Asimismo, la Dra. Graciela Gatti explicó que el doble horario de trabajo (matutino/vespertino) que se organizó para la capital del país en función de las salas de audiencia disponibles, no se aplicará al interior, donde se mantendría el actual régimen de trabajo, sin perjuicio de los requerimientos que puedan imponerse por la especialidad de la materia penal y sus reducidos plazos de procesales.